Quizá la marea se vuelve en contra de extremas sentencias de prisión

WASHINGTON — Los lectores de la Biblia quizá recuerden el pasaje que aparece en el capítulo 4o de San Lucas en el que se presagia el inicio del ministerio público de Jesús, que dice en parte: “El Espíritu del Señor está sobre de mí, pues Él me ha ungido para llevarles la buena nueva a los pobres. Él me ha enviado a proclamar la libertad para los cautivos”.

U.S. President Barack Obama visits El Reno Federal Correctional Institution outside Oklahoma City July 16 with Charles Samuels, bureau of prisons director, right, and a corrections officer. Obama is the first sitting president to visit a federal prison. (CNS photo | Kevin Lamarque, Reuters)

Otras personas quizá recuerden mejor el pasaje que aparece en el capítulo 25 de San Mateo, en el que se narran algunos de los acontecimientos sucedidos dos días antes de la Última Cena, en el que Jesús propone una de sus últimas parábolas acerca de un rey, que les dice a los justos: “Pues yo estaba con hambre y ustedes me dieron alimento, estaba con sed y ustedes me dieron de beber, era extranjero y ustedes me dieron la bienvenida, estaba desnudo y ustedes me vistieron, estaba enfermo y ustedes me cuidaron, estaba en prisión y ustedes me visitaron “. Y cuando los justos le preguntan a ese rey que cuándo habían hecho eso pues no se acordaban de ello, el rey les responde: “Todo lo que ustedes hicieron por uno de los más débiles hermanos míos, por mí lo hicieron”.

El 16 de julio, el presidente Barack Obama les hizo su propia visita “a unos de estos los más débiles” que se encuentran en prisión, en la correccional federal de El Reno, en Oklahoma City. Y esa fue la primera visita que haya hecho un presidente cuando todavía está en funciones de tal. Tres días antes les había conmutado la sentencia a 46 prisioneros federales.

En las encuestas se demuestra que los estadounidenses están más o menos divididos en cuanto a la forma como el presidente Obama ha hecho su trabajo en general, pero su visita a El Reno y las conmutaciones reflejan un naciente consenso de que muchas sentencias carcelarias son extremas y de que muchos prisioneros permanecen encerrados por más tiempo del necesario.

Las conmutaciones aprobadas por Obama, dos más de las que había otorgado en todo el tiempo de su presidencia, entrarán en vigor el 10 de noviembre. Los prisioneros a los que se les dará libertad en tal fecha no son delincuentes violentos y sólo han sido señalados por delitos relacionados con drogas. Se les había dado largas sentencias de prisión en un tiempo cíclico en que el Congreso había tomado una actitud extrema contra el crimen y había cambiado las reglas generales a términos obligatorios mínimos de cárcel. Tal actitud, quizá, está modificándose en Capitol Hill.

Ese tipo de sentencias, que los jueces no tenían capacidad de disminuir, hicieron que se llenaran las penitenciarías de la nación más allá de su cupo. Y el remedio fácil y rápido fue construir nuevas prisiones que fueron también un estímulo económico para pequeñas poblaciones azotadas por depresión económica o parálisis de precios sobre las cosechas. Intervinieron en el asunto también compañías privadas, que con frecuencia transportaban a los convictos a cientos de millas de distancia de su respectivo domicilio, dando como resultado que a las familias les era mucho más difícil visitarlos. Incluso, en las prisiones cobraban precios exorbitantes por llamadas telefónicas a casa.

Como lo afirma Karen Clifton, “los Estados Unidos representan el 5 por ciento de la población mundial, pero también el 25 por ciento de los encarcelados del mundo”. Clifton es directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network to End the Use of the Death Penalty y, dirigiéndose al Catholic News Service, desde Chicago, en donde asistía a una conferencia sobre justicia de restauración, dijo que está reuniendo material para organizar un taller sobre justicia de restauración a nivel de parroquias, a buen tiempo como preparación del Catholic Social Ministry Gathering que se llevará a cabo el próximo año.

En la aplicación de justicia de restauración se enfatiza la reparación del mal causado por una conducta injusta. Se mantiene responsables a los que han cometido algún delito, pero al mismo tiempo se trata de redimirlos para que salgan de su situación confusa.

Mike Riggs, director de comunicaciones de Families Against Mandatory Minimums, se mostraba entusiasmado al saber lo que Obama había hecho.

“Tenemos a muchas personas presas, no solamente mayor número que antes, pero en mayor número que en cualquier otro país del mundo”, le dijo a CNS. “Quizá han contravenido las leyes, pero siguen siendo seres humanos. Buscan redención, un cambio en su vida, con la esperanza de regresar con su familia respectiva”.

Riggs dijo que le gustaría ver mayor adherencia del Departamento Federal de Justicia con la iniciativa de clemencia anunciada el año pasado. Bajo esos términos, los prisioneros federales podrían invocar clemencia por las siguientes razones: Si existiera la posibilidad de recibir sentencias menores al ser convictos de la misma ofensa hoy en día;no tienen cargos de violencia, acusados de delitos menores sin lazos de unión con grupos criminales;han purgado por lo menos 10 años de su respectiva sentencia;no tienen historia criminal significativa;han demostrado buena conducta en prisión;y si no tienen antecedentes de violencia antes de su prisión o durante la misma.

Empero, la vida puede ser muy difícil una vez que el prisionero ha alcanzado la libertad. “Muchos de ellos entraron a prisión sin bastante educación para poder competir en el mundo del trabajo”, dijo Riggs. “Muchos de ellos han obtenido su certificado de estudios correspondiente a la escuela preparatoria, han recibido entrenamiento en algún oficio, han recibido consejo en contra de abuso de substancias nocivas, han recibido consejo de control de enojo. Mucho de ello es realmente beneficioso, pero la tecnología ha cambiado (desde el tiempo que entraron en prisión) para que puedan ser realmente competentes en el lugar de trabajo”.

Y añadió que los convictos liberados pueden solicitar empleo pero que su solicitud no pasa del cesto de basura a donde muchas solicitudes van a parar una vez que se ve una palomita como marca de verificación al lado de la pregunta “¿Alguna vez ha sido usted convicto de algún delito?” En diecisiete estados y en 52 ciudades se han dictado leyes para que se evite “tal pregunta” a fin de que los patrones no la hagan.

Dentro del espectro penitenciario, las sentencias mínimas ocupan un extremo;y, al otro, está la pena obligatoria máxima o pena de muerte.

El día en el que Obama hizo una visita a la prisión, dos obispos dieron a conocer una declaración conjunta en contra de la pena capital: el cardenal Sean P. O’Malley de Boston, presidente del Comité de actividades a favor de la vida de los obispos de EE.UU., y el arzobispo Thomas G. Wenski de Miami, presidente del Comité sobre justicia nacional y desarrollo humano.

“Nuestra tradición de fe nos ofrece una perspectiva única sobre el crimen y castigo que se fundamenta en la misericordia y regeneración y no castigo por castigo”, dijeron. “Sin importar la gravedad de algún crimen, si a la sociedad se le puede proteger evitando darle fin a una vida, eso se debe hacer. Hoy en día tenemos esa capacidad”. Y añadieron: “Como personas que estamos a favor de la vida, declaramos que ya es tiempo de que en los Estados Unidos se abandone el uso de la pena de muerte”.

Nadie puede estar más de acuerdo con esto que Marc Hyden, fundador de Conservatives Concerned About the Death Penalty. Sin embargo, lo están debido a razones diferentes de las que proponen los obispos.

“El caso de los conservadores que están en contra de la pena de muerte es increíblemente sencillo”, dijo Hyden. “Con el uso de la pena de muerte se ponen en riesgo vidas inocentes, cuesta más que la prisión. No creo que haya nada que esté a favor de la vida al dar al estado el poder de matar a sus ciudadanos. ¿Qué se gana con tal programa? Uno se queda con un programa enormemente prototípico, un programa fallido”.