Anulan ley de amnistía; activistas buscan justicia restaurativa en El Salvador

By Edgardo Ayala | Catholic News Service | July 19, 2016

SAN SALVADOR, El Salvador — El 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador anuló la ley de amnistía del país que protegía a militares, grupos paramilitares y guerrilleros implicados en las hostilidades de la guerra civil del país, que duró desde 1980 hasta 1992.

Mientras que algunos celebraron, otros se preocuparon de las consequencias. Pero defensores de derechos humanos dicen que los acontecimientos no significan que surja el caos si se presentan demandas contra los líderes del gobierno que desempeñaron un papel principal en la larga guerra civil del país.

La ley fue adoptada en 1993 después de que terminó el conflicto de 12 años. Algunos dicen que la decision abre una puerta a demandas que buscarían compensación por parte de las familias de las víctimas de abusos durante la guerra. Tanto liberales como conservadores se sorprendieron ya que ambas partes argumentaron que la anulación de la ley resultaría en miles de demandas que desestabilizarían el país.

Sin embargo, el hermano de una de las misioneras estadounidenses asesinadas a principios de la guerra, dijo que no está interesado en iniciar una acción legal en contra de cualquier persona relacionada con las muertes del diciembre de 1980.

James Kazel, hermano de la monja Ursulina Dorothy Kazel de Cleveland, dijo el 15 de julio, que no hay necesidad de emprender acciones legales después de 35 años del asesinato de su hermana.

“Tiempo atrás, cuatro o cinco años después del asesinato, mi cuñado Bob, un abogado, trató de convencer a mi padre que presentara una demanda, y mi padre nunca quiso hacerlo” dijo Kazel a Catholic News Service. “Mi padre no quería ser parte de eso. Él dijo que ‘se terminó. Ella se fue’. Y continuó con su vida”.

La hermana Susan Durkin, presidenta de Ursuline Sisters of Cleveland (hermanas Ursulinas de Cleveland), dijo que la orden no estaba interesada en presentar una demanda contra los funcionarios salvadoreños responsables de la muerte.

“Nunca hemos buscado ningún tipo de remuneración económica,” dijo la hermana Susan a CNS el 15 de julio. Una demanda no “reemplaza las vidas que se han perdido. Nosotros continuamos buscando la paz y la justicia para el país de El Salvador, especialmente la paz”.

Después de la decisión, los defensores de los derechos argumentaron que las autoridades salvadoreñas no deben buscar cárcel para cientos de “criminales de guerra”, explicando que en lugar de los esfuerzos de justicia restaurativa, sería mejor sacar la verdad y brindar alivio a las víctimas de la violencia.

“Queremos que los culpables se disculpen, y que el país busque los mecanismos adecuados para perdonar y reparar, para que esto no ocurra de nuevo”, dijo a CNS Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos.

David Morales, Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, dijo a reporteros que “los políticos están enviando mensajes de miedo, pero en esta etapa de nuestra democracia, esos discursos son absurdos”.

“No habrá caos ni cacería de brujas, sino que un poco de justicia para las víctimas” señaló a los reporteros.

En su fallo, el tribunal declaró inconstitucionales algunas partes de la ley de amnistía, por violar los derechos de guerra de las víctimas para acceder a la justicia y reparación.

Los jueces también dijeron que los crímenes de guerra no caducan y pueden ser procesados con independencia del momento en que se cometieron.

La ley del 1993 fue aprobada después de que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas investigo 30 casos de crímenes de guerra, de los cuales 20 fueron cometidos por el ejército, y 12 por la guerrilla.

Los asesinatos de Monseñor Oscar A. Romero en 1980 y los de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989 en San Salvador se cree que están entre los casos examinados por la comisión.

Con la ley a su lado, incluso el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, un ex comandante guerrillero, podría ser procesado. Lo mismo ocurriría con el ex presidente Alfredo Cristiani, quien era el comandante del ejército en 1989 cuando los jesuitas fueron asesinados.

Montenegro dijo que antes del perdón, la verdad que rodea las atrocidades debe salir a luz. La guerra dejó unos 70,000 muertos y más de 8,000 desaparecidos.

“Aquellos que se oponen a la justicia siempre han recurrido a la ley de amnistía, pero no pueden ocultarse detrás de esta nunca más”, dijo Montenegro.

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