Estudio dice que acabar con TPS perjudicaría la economía

WASHINGTON — Un nuevo estudio dice que acabar con el programa de inmigración conocido como TPS (estatus de protección temporal) — como algunos de la administración del presidente Donald Trump han sugerido — tendría consecuencias negativas para la economía estadounidense.

Más del 80 por ciento de los aproximadamente 325,000 inmigrantes en el país con el estatus de protección temporal tienen trabajo, muchos tienen hipotecas, pagan impuestos y trabajan en industrias importantes para la economía (construcción, cuidado de niños, hospitales y otros centros de salud), y colectivamente son padres de unos 273,000 niños nacidos en Estados Unidos, según un informe del Centro de Estudios sobre Migración en Nueva York publicado en julio.

Kevin Appleby, director principal de política de migración internacional del centro, dijo que si no se conceden extensiones para los migrantes o se termina el programa TPS, las industrias económicamente importantes verían una escasez de trabajadores, los bancos pueden experimentar falta de pagos en las hipotecas, y el gobierno perdería muchos impuestos.

Appleby también dijo que deportar a miles de padres de familia con TPS crearía miles de huérfanos en el país, lo que colocaría una gran carga económica sobre los gobiernos locales y estatales para su crianza, y alienaría a los niños afectados. Appleby fue uno de tres funcionarios del centro que explicó en una conferencia por video el informe “Perfil estadístico y demográfico de las poblaciones con estatus de protección temporal de El Salvador, Honduras y Haití” el 20 de julio.

El demógrafo Robert Warren dijo que los que tienen el estatus TPS tienen una alta participación en la fuerza laboral de los Estados Unidos, 81 al 88 por ciento, más alto que el 63 por ciento de la población general del país. Casi la mitad de ellos tienen hipotecas, y el 11 por ciento son trabajadores tienen su propio negocio, creando empleos para ellos y otros, según el estudio. Trabajan en la construcción, en la industria de restaurantes y comida, en centros de cuidado infantil y salud, dijo Warren, investigador principal en el Centro de Estudios de Migración.

El programa de estatus de protección temporal, que ha existido por 27 años, da un permiso de trabajo y suspende órdenes de deportación de los beneficiarios. Inmigrantes con TPS vienen de países que se están recuperando de conflictos políticos o de desastres naturales. Los inmigrantes de países devastados por la guerra como El Salvador, Honduras y Haití representan el 90 por ciento de los beneficiarios del programa TPS en los Estados Unidos.

Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios de Migración, dijo que el TPS ha sido un programa importante de protección y de ayuda humanitaria, y ha tenido mucho éxito.

“Definitivamente no es un programa perfecto, pero sus imperfecciones tienen más que ver con quién no cubre”, dijo Kerwin.

Otra imperfección, según Kerwin, es que el programa tampoco ofrece un camino hacia un estatus más permanente en el país para los migrantes que califican, ya que el Departamento de Seguridad Nacional tiene que conceder periódicamente extensiones.

En el caso de Haití, por ejemplo, un beneficiario que recibió protección después del terremoto de 2010, tiene que ver si el gobierno estadounidense concederá una extensión al programa para determinar si puede permanecer legalmente en los Estados Unidos. Las extensiones pueden durar años y, mientras tanto, los beneficiarios del TPS obtienen empleo, se casan, tienen hijos, compran casas y se involucran en la comunidad.

Aunque recientemente se concedió una extensión de seis meses a los haitianos, el departamento de seguridad nacional dijo en su página web que los haitianos que tienen beneficios de TPS deberían usar el tiempo antes del 22 de enero de 2018 (cuando se termine la extensión) para prepararse y arreglar su salida de los Estados Unidos. El departamento también estudiará qué hacer con los beneficiarios de TPS de El Salvador y Honduras a principios de 2018.

Kerwin dijo que muchos de los beneficiarios del TPS están muy involucrados en comunidades de los Estados Unidos y han contribuido mucho durante su tiempo en el país, agregando que aproximadamente la mitad de los salvadoreños y beneficiarios de TPS hondureños han estado en el país 20 años o más.

“La preocupación es que la administración de Trump podría terminar las designaciones de TPS para estos países, algo que nuestro documento concluye que es la peor opción”, dijo Kerwin.

No es buena opción para los EE.UU., para sus comunidades, para las familias, para el mercado de vivienda, para ciertas industrias, y particularmente para la economía en general, dijo Kerwin.

También causaría problemas para los países de origen de los migrantes, dijo Kerwin, porque funcionarios ya han dicho que no pueden proveer seguridad a las poblaciones que regresarían si el programa TPS se termina. Algunos migrantes no se irían del país, e incluso algunos intentarían regresar para estar con su familia en los Estados Unidos en el futuro, dijo. Terminar con el programa TPS solo crearía otro grupo de personas en el país sin permiso legal, dijo Kerwin.

Grupos que apoyan a inmigrantes están pidiendo más extensiones, sabiendo que bajo la administración del presidente Trump opciones más permanentes simplemente no se pueden considerar.

El comité de migración de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos ha abogado por las extensiones y, en mayo, su presidente, el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, agradeció al departamento de seguridad nacional la extensión del TPS para los haitianos.

Otros grupos, como la Red de Inmigración Legal Católica (CLINIC), dijeron que aunque la extensión reciente del TPS fue un algo positivo, solamente fue una solución provisional. Países como Haití, cuyos ciudadanos se benefician del programa, necesitan más estabilidad antes de que tantas personas regresen, dijeron funcionarios de CLINIC. Algunos dicen que el regreso de tantas personas puede desestabilizar aún más a los países y puede resultar en que más gente intente dejar sus tierras en rumbo a EE.UU.

“La extensión de TPS no es la opción perfecta, pero parece ser la mejor opción en este momento”, dijo Kerwin, quien agregó que las opciones legislativas serían más difíciles de realizar.

Muchos defensores de inmigrantes temen que la última opción, deshacerse del programa por completo, está bajo consideración por la administración de Trump.

El exsecretario de seguridad nacional (ahora el jefe de Gabinete) John Kelly insinuó “una postura de que la administración no extendería TPS a estos países … Está claro que la administración quiere poner fin al TPS de estos países y si es posible … terminarlo por completo” dijo Appleby.

La administración fue elegida para implementar políticas que ayuden al país, dijo Appleby.

“Según nuestro informe, la extensión del TPS serviría el mejor interés de la nación”, dijo Appleby, pero “muchos dentro de la administración quieren terminar (con el TPS) por razones ideológicas”.

Comunidades de fe, las que abogan por poblaciones de inmigrantes, se están preparando para luchar en defensa del programa TPS y de los inmigrantes. Las comunidades religiosas fueron importantes cuando comenzó el programa del TPS, a finales de los 80, principios de los 90, dijo Appleby, recordando que el obispo Nicholas DiMarzio de Brooklyn, Nueva York, (entonces el presidente del comité de migración de los obispos católicos) estuvo involucrado en la lucha para la implementación del programa bajo la ley de inmigración de 1990.

“Anticipamos que la comunidad de fe estará involucrada en esta lucha”, dijo Appleby.