Obispos chilenos reconocen fallas en manejo de abuso sexual de menores

SANTIAGO, Chile — Después de una reunión de cinco días para discutir la crisis del abuso sexual por sacerdotes en Chile, los obispos del país reconocieron que ellos “no cumplieron su deber al no escuchar, creer o acompañar a las víctimas de pecados graves”.

El obispo auxiliar Fernando Ramos, administrador apostólico de Rancagua, Chile, escucha una pregunta durante una conferencia de prensa el 3 de agosto después de una asamblea de la conferencia de obispos chilenos en Punta de Tralca, Chile. (Foto CNS-Elvis Gonzalez, EPA)

Cuando la asamblea general terminaba el 3 de agosto en Punta de Tralca, en la costa del Pacífico, el obispo Santiago Silva de la Diócesis Militar de Chile, y presidente de la conferencia episcopal, también pidió disculpas a víctimas de los obispos por no haber “reaccionado a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y autoridad”.

Él presentó una serie de pasos que los obispos tomarían mientras promulgaban “Declaración, Decisiones y Compromisos de la Conferencia Episcopal de Chile”, conjunto de directrices nacionales para responder a acusaciones de abuso. Las directrices fueron desarrolladas durante la asamblea.

Además de pedir perdón, los obispos expresaron su “arrepentimiento” a los que han acompañado a las víctimas: “a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación y a los cientos de consagrados y laicos que diariamente dan testimonio del amor, la misericordia y la redención de Cristo y que se ven afectados en su ministerio por causa de los errores, pecados y delitos cometidos”.

Los obispos dijeron que entre las decisiones tomadas, ellos colaborarán con los oficiales públicos entregando información sobre el abuso sexual de menores. Anteriormente la iglesia había sido acusada de encubrir o no hacer pública la información.

Los obispos también confirmaron que serán reveladas todas las investigaciones anteriores de presunto abuso sexual de menores cometido en sus jurisdicciones.

Además, los obispos dijeron que están buscando maneras nuevas de interactuar con sus feligreses. Ellos se han comprometido a “aumentar su disponibilidad para reunirse personalmente con las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes en sus jurisdicciones”.

En semanas recientes la Oficina del Procurador Nacional de Chile ha allanado oficinas de la iglesia y comenzó una investigación de casos de acusaciones de abuso sexual involucrando a 158 oficiales de la iglesia.

En mayo todos los obispos chilenos ofrecieron su renuncia al papa Francisco después de una reunión de tres días en el Vaticano para discutir el escándalo de abuso sexual por clérigos en un informe de 2,300 páginas recopilado por el arzobispo Charles Scicluna de Malta y su asistente, padre Jordi Bertomeu. Hasta la fecha el papa ha aceptado las renuncias de cinco obispos.

Durante la asamblea general el obispo auxiliar Fernando Ramos Pérez, administrador apostólico de Rancagua, Chile, anunció que dos sacerdotes habían renunciado. Los padres Héctor Fuentes y Freddy Gorigoitía, sacerdotes parroquiales en Rancagua, son parte de una investigación de 14 sacerdotes acusados de abuso sexual.

El cardenal Ricardo Ezzati de Santiago ha sido citado para hablar con procuradores el 21 de agosto. Los investigadores están examinando afirmaciones de que el cardenal y otros encubrieron información sobre los 14 sacerdotes acusados de abusar sistemáticamente de menores. Algunos críticos han exigido que el cardenal Ezzati renuncie y manifestantes han interrumpido sus Misas en la catedral de Santiago.

Al preguntarle acerca de cooperación con el procurador nacional, el obispo Ramos, secretario general de la conferencia episcopal, dijo que “hay un antes y un después, es un momento decisivo. Queremos expresar nuestra disponibilidad para colaborar con los poderes de la justicia en lo que sea posible”.

“Es por eso que vamos a sancionar un acuerdo con la oficina del procurador nacional, para poder encontrar los medios en que ambas instituciones estén de acuerdo”, él dijo. “La ley no establece una obligación para nosotros, pero queremos entregar la cantidad máxima de información para poder ayudar a los niños que han sido afectados, tenemos que ver cómo hacemos esto para rendir la colaboración máxima con la justicia”.