Al no ser escuchados en su país, nicaragüenses piden ayuda de la OEA

WASHINGTON — Por una pocas horas, Gio Gómez dejó el calor de la Florida y se dirigió al norte hacia la temperatura fria en Washington.

Se protegió de la brisa de invierno arropada con la bandera blanca y amarilla del Vaticano en las afueras del edificio de la Organización de los Estados Americanos, donde diplomáticos y un despliegue de funcionarios de los tres subcontinentes americanos el 11 de enero estaban analizando “la situación en Nicaragua”.

Hizo el viaje desde el área de Miami-Dade a Washington, según le dijo a Catholic News Service, para mostrar apoyo al clero católico en la nación centroamericana de Nicaragua.

Su país natal ha estado, por casi un año, pasando por una crisis debido a un gobierno que es acusado por detractores, como Gómez, de matar y herir a sus ciudadanos, violar sus derechos humanos (así como también su derecho a elecciones justas y libres), amenazar a los medios informativos independientes y usurpar el poder.

En medio de todo, la Iglesia Católica en Nicaragua, desde los obispos hasta los laicos, ha estado en el centro del drama. Los obispos del país intentaron dialogar con el gobierno después de protestas y disturbios masivos que se desataron en abril del 2018, cuando funcionarios de la presidencia de Ortega anunciaron un plan para reducir las pensiones como una medida para reducir los gastos mientras incrementaban las contribuciones de los empleados al sistema de seguridad social.

Aunque el gobierno rescindió la propuesta, las violentas reacciones en su contra resultaron en cientos de muertos y miles de heridos luego de que la policía y las fuerzas a favor del gobierno se enfrentaron con las masas civiles descontentas.

El país, el cual había mostrado un modesto pero estable crecimiento económico, comenzó un descenso económico, lo que generó incluso más manifestaciones públicas de descontento. Esas protestas se expandieron más allá de las fronteras de Nicaragua.

Se difundieron en Twitter por medio de la etiqueta #SOSNicaragua y se extendieron al extranjero en lugares como Washington y Florida, donde los nicaragüenses expatriados que sienten que no se les escucha en su país, están instando a organizaciones multilaterales como la OEA a que actúen contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes le culpan en gran parte por la crisis.

“Señores, señoras, no sean indiferentes, están matando a la gente”, gritaba Gómez, acompañada de aproximadamente otros 200 nicaragüenses fuera del edificio de la OEA en Washington, cuando el foro regional se reunió de emergencia para analizar la situación y ver si tomar alguna acción.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, una organización de 35 estados independientes de América del Norte, Central y Sur, convocó la reunión urgente en enero para abordar las acusaciones contra Nicaragua, un estado miembro de la OEA.

Durante la reunión, Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la organización había determinado que 325 nicaragüenses habían muerto y por lo menos 2,000 fueron heridos desde que empezaron las protestas contra el gobierno en abril del 2018.
Por lo menos una de esas muertes se refiere al asesinato de un estudiante de una escuela secundaria jesuita en la capital nicaragüense de Managua. Álvaro Conrado Dávila, 15, alumno del Instituto Loyola, murió el 20 de abril del 2018, después de un disparo con una bala de goma.

Pero el canciller de Nicaragua Denis Ronaldo Moncada Colindres negó las acusaciones contra su gobierno. En una escena que evocaba la época de la Guerra Fría, acusó al secretario general de la OEA durante la reunión de ser un agente de Estados Unidos, recordándoles a los representantes de los países miembros reunidos en el salón de que “la fuerzas yanquis” habían en el pasado invadido a otros países de Latinoamérica y de anteriores acciones de intervencionismo en la región, y dijo que si una acción ilegal fuera tomada contra Nicaragua, sus países podrían ser los próximos.

“El gobierno de Nicaragua rechaza y condena esta convocatoria”, dijo, acusando a Almagro de apoyar a grupos terroristas que abogan para derrocar gobiernos legítimos como el del presidente Ortega y Murillo.
Pero incluso la legitimidad del gobierno nicaragüense esta en cuestión. La presidencia de Ortega, que ha gobernado el país por más de una década, ha sido acusada de usar el sistema judicial del país para eliminar cualquiera oposición.

La administración ejerce control sobre todas las ramas del gobierno. Moncada Colindres calificó a aquellos que se oponen a Ortega como terroristas o actores pagados de la “ultra-derecha” de Estados Unidos, que se hacen pasar por pacifistas empleados de organizaciones no gubernamentales, dijo, pero planean un golpe de estado.

Puso el ejemplo de un sacerdote en Nicaragua e insinuó que estaba promoviendo la violencia contra la policía local. Reportes explicaron que el sacerdote estaba tratando de calmar la situación marchando por las calles con la Eucaristía.

Aunque la relación presente entre el gobierno y la iglesia, la cual claramente que apoya al pueblo nicaragüense, parece tensa, no siempre fue así.

En una entrevista telefónica con CNS el 3 de enero desde Managua, el periodista católico Israel González Espinoza explicó que en el pasado las autoridades católicas habían trabajado con el gobierno de Ortega, incluso en una iniciativa con la que se logró en 2006 la aprobación de una ley nacional para prohibir el aborto. La relación entre la jerarquía de la iglesia y el gobierno era “cordial”, dijo González, y sus diferencias se discutían en privado.

En 2014, los obispos del país se reunieron con Ortega y le presentaron un documento, una “radiografía” de los problemas del país, según González, en el que se incluía la necesidad de garantizar elecciones libres y justas en 2016. Ellos también mencionaron en el documento que era necesario parar con la manipulación política de los símbolos religiosos para fines políticos y la apropiación de terminología y valores de la religión católica.

“Nunca recibieron una respuesta” por parte del gobierno, dijo González, quien cubre temas de la Iglesia Católica para el portal de internet en español Religión Digital.

Al momento en que los obispos nicaragüenses se reunieron con el gobierno de Ortega el año pasado para ser mediadores por la paz y abrir un diálogo después de las protestas, los funcionarios del gobierno no cambiaron su posición.

“Solo querían hablar de la situación económica. Era su ‘caballito de batalla’,” argumentando que a nivel internacional Nicaragua era un país económicamente estable y el gobierno no debería ser cuestionado, dijo González.

Pero desde entonces, la economía se fue deteriorando. La agencia de noticias Inter Press Service reportó en septiembre que “más de 900 millones de dólares se habían esfumado del sistema financiero” en Nicaragua desde que empezó el conflicto. La inestabilidad económica parecía exacerbar las manifestaciones públicas de descontento.

Las parroquias católicas han servido como lugares de refugio durante algunos de los enfrentamientos, especialmente desde que los jóvenes nicaragüenses, muchos de ellos católicos, se han involucrado en algunas de las protestas.

Prelados como el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, han sido criticados e incluso atacados físicamente por grupos partidarios del gobierno por expresarse en contra del gobierno de Ortega. Eso es lo que impulsó a los nicaragüenses en el exterior, como Gio Gómez, a buscar ayuda en el extranjero, no solo para los otros nicaragüenses sino también para la Iglesia Católica como una institución en Nicaragua.

“Sus derechos están siendo violados”, dijo Gómez, quien cargaba una bandera nicaragüense azul y blanca mientras los miembros de la OEA se iban del edificio.

Aunque no se tomó ninguna acción contra el gobierno de Ortega el 11 de enero, la OEA está considerando varias opciones diplomáticas.

Aunque los representantes de Venezuela y Bolivia ante la OEA apoyaron a Nicaragua, muchos parecían estar del lado del secretario general Almagro, quien fue fuertemente crítico durante la reunión al decir que la “grave” situación en Nicaragua insta a un profundo análisis de ese país porque la democracia no puede existir entre la represión y la violación de los derechos humanos.

Cuando un gobierno abiertamente viola los derechos humanos básicos, dijo, ha olvidado “que la soberanía radica en el pueblo”.

En relación a la reunión de la OEA, el cardenal Leopoldo Brenes de Nicaragua dijo al portal de noticias cibernético Confidencial a principios de enero que “Siempre una observación tiene fundamentos, yo creo que por eso hay que evaluarla bien, y pues aquellas cosas que haya que cambiar, pues hay que cambiarlas, para el bien del país”.